¿Se requiere visa para el representante legal extranjero de una Empresa, que no desea residir en Colombia?

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Esta inquietud es una constante en el tema migratorio colombiano, originada por la disparidad de criterios entre las entidades competentes,…

Claudia Sinning

23 abril, 2025

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Esta inquietud es una constante en el tema migratorio colombiano, originada por la disparidad de criterios entre las entidades competentes, esto es, Migración Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En principio, la lógica sugeriría que un extranjero que es representante legal de una empresa en Colombia debería contar con una visa para ejercer las funciones inherentes a dicho cargo. Sin embargo, analizada la norma comercial y migratoria revela que no existe una obligación explícita de poseer una visa para desempeñar este rol, con la excepción de ciudadanos de nacionalidades restringidas que de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 5477 de 2022 hace necesario su ingreso al país con una visa.

Si se trata de un extranjero con nacionalidad NO restringida, este puede ingresar a Colombia con un permiso de entrada otorgado por Migración Colombia, siempre que su permanencia no supere los 180 días calendario conforme la norma migratoria.

En este contexto, resulta paradójico que Migración Colombia exija visa a un extranjero que funge como representante legal de una empresa, pese a tener una nacionalidad NO restringida y no tener intención de radicarse en el país. Sino que su propósito es realizar ingresos de corta duración —sin exceder los 180 días calendario permitidos— con el fin de asistir en juntas directivas o asambleas de accionistas, propias del giro ordinario de la empresa. Cabe destacar que una empresa en Colombia puede ser constituida y registrada ante notaría y Cámara de Comercio presentando como documento valido el pasaporte vigente del extranjero, quien busca precisamente fortalecer un intercambio comercial legítimo.

En la misma línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores se limita, en estos casos, a reiterar el carácter discrecional del trámite de visa —una condición que, de hecho, ya se sobreentiende—, lo cual implica no solo la facultad de inadmitirla o negarla, sino también la posibilidad de concederla, conforme al criterio de la autoridad competente.

Lo que resulta sorprende es la falta de coordinación evidente entre estas entidades para establecer una directriz clara, uniforme y coherente sobre este tema tan específico, lo que genera incertidumbre, tanto para los empresarios como para los asesores jurídicos que acompañamos estos procesos.

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